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    Diversidades Sexuales

    Todas las personas tenemos una orientación sexual y una identidad de género. La mayoría tiene una orientación heterosexual. Es decir, se siente atraída por personas de otro sexo y se identifica con el género femenino o masculino. Pero también hay un porcentaje de la población que tiene una orientación y una identidad de género distinta, por lo que han sido discriminadas históricamente. Estas orientaciones sexuales (homosexualidad, bisexualidad y lesbianismo) e identidades de género (transgéneros/as y transexuales), distintas a la mayoritaria, se conocen como diversidades sexuales. Los grupos de diversidad sexual suelen ser víctimas de violencia física, acoso escolar y laboral, así como violencia psicológica o institucional, al negárseles su  reconocimiento y dándoles un trato inadecuado en los centros de salud, en las escuelas, o en los tribunales.

    Para evitar las violaciones a los derechos humanos de todos los grupos históricamente discriminados, entre ellos las diversidades sexuales, se creó la Ley 20.609 que Establece Medidas Contra la Discriminación, que entró en vigencia en 2012. Algunos de sus puntos establecen la inclusión de la orientación sexual e identidad de género como factores prohibidos de discriminación, y la posibilidad de usar un mecanismo de reclamo ante los tribunales de justicia, para quienes se vean afectados/as por actos discriminatorios. Esta ley envía a la sociedad chilena un claro mensaje de rechazo a toda conducta discriminatoria y señala que es obligación del Estado implementar medidas legislativas y de política pública, para superar y erradicar todo tipo de discriminación.

    En cuanto al marco internacional Los Principios de Yogyakarta, cuyo nombre completo es  Los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, contienen los estándares básicos que deben cumplir los Estados para garantizar los derechos humanos de las diversidades sexuales. Cada Principio se acompaña de recomendaciones detalladas dirigidas a los Estados y a otros actores, como el sistema de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, las instituciones nacionales de derechos humanos, medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y agencias, entre otras.

    La investigación histórica presente en las fichas ha sido elaborada en el marco de un Convenio de colaboración entre el INDH y la Universidad Alberto Hurtado encabezado por Pedro Milos H. El equipo de investigadoras e investigadores fue dirigido por Marcos Fernández Labbé y Daniel Palma Alvarado. En él participaron Daniela Belmar, Javiera Letelier, Pablo Geraldo, Alejandra López, Matías Placencio y Roberto Pizarro.

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