Este 8 de febrero se recuerda un nuevo aniversario de la presentación del denominado “Informe Rettig”, primer reporte oficial elaborado en Chile, sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar (1973-1990).
Recién recuperada la democracia, el presidente Patricio Aylwin Azócar, convocó a 9 personalidades representantes vinculados a diversos sectores sociales y políticos, incluídas personas ligadas al régimen militar, a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. La Comisión fue presidida por Raúl Rettig, destacado jurista, ex parlamentario y ministro, es por ello que la Comisión y su informen se conocen por Rettig.
Teniendo como marco temporal el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, la Comisión tuvo como objetivo «establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias; reunir información que permitiera individualizar a las víctimas y establecer su paradero; recomendar medidas de reparación o reivindicación que estimara de justicia; y recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los derechos humanos”, como señala el propio documento en su primera página.
Tras nueve meses de trabajo y recibir unas 3.550 denuncias, la Comisión en base a audiencias y testimonios, clasificó como víctimas de violaciones a los derechos humanos a 2.296 personas, particularmente víctimas de ejecución extrajudicial y desaparición forzadas, estableciendo su identidad y procedencia, los métodos de represión, lugares y las instituciones involucradas. Consigna además, el rol de actores clave en este período, como la Iglesia Católica o el Poder Judicial.
La elaboración, entrega y publicación de este histórico reporte de tres tomos marcó un hito en la historia de los derechos humanos post dictadura en Chile. Sentó un precedente oficial en materia de denuncia pública y reconocimiento de los hechos perpetrados por parte del Estado. El Informe Rettig fue trascendental para cimentar el camino en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para cientos de víctimas y familiares de estas.
El documento también permitió dar los primeros pasos en el ámbito de la reparación y el establecimiento de garantías de no repetición, incluyendo recomendaciones al Estado de Chile, entre las que se encuentran algunas relativas a la preservación de la memoria histórica, y otras ligadas a implementar políticas de Estado para la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, siendo un puntapié inicial para la creación de la institucionalidad de los derechos humanos en Chile, que casi 20 años después se materializaría en el INDH.
Foto: www.fundacionaylwin.cl
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