ROBERTO CELEDÓN FERNANDEZ 

Roberto Celedón Fernández

Nació el 31 de enero de 1947 en la comuna de Quinta Normal, en la ciudad de Santiago. En 1963 ingresó a la Democracia Cristiana y, siendo alumno de derecho en la Universidad Católica de Chile, en 1966 ingresó al Instituto de Humanismo Cristiano, grupo de estudio de la doctrina social de la iglesia. En 1971 fue parte del grupo fundador de la Izquierda Cristiana. Tras el Golpe de Estado de 1973 comenzó un trabajo al servicio del Arzobispado de Santiago, presentando dos recursos de amparo en favor de ciudadanos uruguayos detenidos en el Estadio Nacional. En octubre de 1973 es detenido y trasladado al Regimiento Buin junto a su mujer, Mercedes, donde sufrieron violencia estatal, como constata en el informe Valech y en la condena a Víctor Echeverría Henríquez, como autor del delito de aplicación de tormentos. 

Roberto Celedón estuvo recluido en la Cárcel Pública y Capuchinos, y gracias a las acciones humanitarias de Países Bajos, partió al exilio en 1975. Durante los ocho años que estuvo en esa condición, mantuvo un activo compromiso con las organizaciones sociales y políticas contra la dictadura, participando en representación de chilenos/as exiliados/as y cooperando con organizaciones como la Agrupación de Familiares de Detenidos/as Desaparecidos/as o la Vicaría de la Solidaridad. En 1983 regresó a Chile y asumió como coordinador editorial de la Revista Análisis y Teleanálisis, y participó del Acuerdo Concertación de Partidos por la Democracia. 

En 1990 abrió su primera oficina jurídica y durante toda su trayectoria ha tenido una especial atención a las causas ligadas a los derechos humanos. Junto a las causas de las víctimas de las dictadura, como los casos de la Ex Colonia Dignidad y la Caravana de la Muerte,  ha trabajado en la defensa de los pueblos originarios -como el pehuenche ante la disputa judicial con Ralco, o el pueblo mapuche del Consejo de Todas las Tierras- con los Rapanui del Consejo de Ancianos. Además asumió la causa de secuestro de Rodrigo Anfruns, considerado delito de lesa humanidad. 

Recientemente tomó la defensa del caso de Antonia Barra Parra, quien se suicidó tras ser violada. Junto a diversos parlamentarios/as presentaron la Ley Antonia, aprobada en ambas Cámaras, y que busca evitar la impunidad y revictimización en casos de delitos sexuales. 

En el marco del proceso constituyente en Chile, fue elegido convencional constituyente en 2021 y en dicha instancia coordinó la comisión de derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia; reparación y garantías de no repetición. Participó, además, en la comisión temática de derechos fundamentales y en la comisión de armonización que entregó la propuesta de borrador final.